ANA MATO: "NINGÚN INDOCUMENTADO SE QUEDARÁ DESATENDIDO"

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha defendido en el Congreso la reforma sanitaria impulsada por su departamento con la que deja sin tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular, y ha avanzado que pese a ello este colectivo “tendrá derecho a más prestaciones que en otros países”.

Así lo ha reconocido durante su participación en la sesión de control al Gobierno en respuesta a una interpelación del diputado de Izquierda Unida (IU) Gaspar Llamazares, quien ha acusado a la ministra de iniciar una “contrarreforma” de la sanidad española dejando fuera a los colectivos que “más sufren la crisis”.

Sin embargo, la ministra ha asegurado que lo que han hecho es “poner un control” ya que “no podía ser que todo el mundo, por empadronarse en España, pudiera tener acceso a una tarjeta sanitaria”.

“Hemos dado indebidamente la sanidad a personas que o tenían la sanidad ya cubierta o no tenían derecho a ella”, ha destacado Mato, detallando que ahora el derecho a la tarjeta sanitaria va a ser para todos los españoles y para los extranjeros que vengan a España “por la vía legal y coticen como nosotros, trabajen con nosotros y vivan con nosotros”.

Sobre el acceso a la sanidad de los inmigrantes en situación irregular o ‘sin papeles’, la titular de Sanidad ha defendido que “como no podía ser de otra manera” no pueden tener los mismos derechos de quienes están en España “con todas las de la ley”.

Pese a todo, ha insistido Mato, “por solidaridad, ética y porque lo dice el decreto, tendrán derecho a más prestaciones que en otros países, ya que podrán acceder a la asistencia de urgencias, y se cubrirá la atención a embarazadas y menores de 18 años”.

“Podrán hacer toda la demagogia que quieran pero nadie va a quedar desatendido en España”, ha advertido, defendiendo que las medidas de ajuste aprobadas por el Gobierno también sirven para “dar un paso de gigante” hacia la universalidad de un sistema que “hasta ahora era una quimera”.

“NO HAY COLECTIVO QUE NO HAYA RECHAZADO LOS RECORTES”

EUROPA Y LOS RECORTES DE BIENESTAR

Ante las crisis económicas de España, Grecia, Irlanda y Portugal que iniciaron en el año 2010, caracterizadas por las altas tasas de desempleo y los recortes en el gasto social, los Estados miembros de la Unión Europea han optado por la implementación del Pacto del Euro, un conjunto de políticas monetarias y fiscales cuyo objetivo es evitar nuevas crisis que pongan en riesgo a los Estados más débiles de la zona euro y a la Unión Europea en su conjunto, a través del fortalecimiento de la economía comunitaria.

Sin embargo, y como señalan varios movimientos sociales europeos como Democracia Real Ya (DRY) de España, el Pacto privilegia la estabilidad financiera y el crecimiento económico en detrimento de la cartera social.

Aprobado por los líderes de los 17 países de la zona euro en el pasado mes de marzo del corriente año, en la ciudad de Bruselas, el Pacto del Euro tiene como objetivos impulsar la competitividad y el empleo, contribuir en mayor medida a la sostenibilidad de las finanzas públicas y reforzar la estabilidad financiera, la pregunta es ¿cómo?

Tanto el DRY como otros grupos de la sociedad civil en los países afectados, han manifestado su oposición al pacto, argumentando que las decisiones nacionales en materia económica estarán sujetas a las de organismos como el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Central Europeo (BCE), entidades cuyas autoridades no son electas por sufragio de los ciudadanos. También señalan que las medidas vinculadas al objetivo de brindar sostenibilidad a las finanzas públicas no son más que medidas que congelarán las pensiones, retrasarán la edad de jubilación, en algunos casos hasta los 69 años, y reducirán prestaciones en salud.

Por  otro lado, el DRY señala que la premisa de impulsar el empleo, consiste en reducir el costo laboral y aumentar la productividad, restando beneficios al trabajador y estableciendo salarios en función de resultados directos y no de la calidad del trabajo mismo. Asimismo, este instrumento normativo busca instaurar el modelo laboral de origen danés, conocido como “flexiguridad” que, como su nombre da a entender, pretende flexibilizar el mercado de trabajo, porque si bien este modelo fomenta la formación continua de los trabajadores y la protección de aquellos que estén desempleados, también facilita los despidos y promueve la precarización de los contratos laborales.

Ahora bien, el pacto del euro se presenta como una de las respuestas más sustantivas ante una crisis global que es resultado, entre otras cosas, de una serie de fenómenos como la reestructuración del mercado laboral, la transición demográfica, el incremento de  la migración laboral y la elevada demanda del trabajo frente una oferta que se reduce cada día más en cantidad y remuneración. No obstante, esta respuesta parece ser inadecuada porque considera al desarrollo social y a la protección de las fuerzas productivas como un freno del desarrollo económico y no como una condición del mismo, haciendo contradictoria la naturaleza del Pacto, puesto que mientras pretende implementar medidas de austeridad para palear los efectos de futuras crisis a través de la reducción de la inversión en gasto social, está generando una crisis social de mayor envergadura, dejando sin efecto los principios del Estado de Bienestar que han sido durante décadas motores no sólo del desarrollo económico y social de Europa sino el símbolo de una calidad de vida aceptable.

El Observatorio de la Violencia de Género critica los recortes en prevención

La crisis y los recortes están pasando factura a la visibilización de la violencia machista. Y las cosas, lejos de mejorar, podrían empeorar con los ajustes anunciados por el Gobierno en los presupuestos destinados a la prevención de las agresiones machistas. Así lo ha declarado esta mañana la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, Inmaculada Montalbán, que ha criticado los recortes que el Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad pretende hacer en las campañas publicitarias destinadas a la prevención de la violencia machista. Un hachazo del 70% en la partida para este tipo de programas que plantea acabar, por ejemplo, con los anuncios en televisión. Campañas, según el Ejecutivo, "muy caras" y "poco eficaces".

"Las fórmulas sensibilización y las campañas preventivas se han demostrado eficaces", ha dicho sin embargo Montalbán en la presentación del informe anual del observatorio. "Es fundamental mantenerlas, así como las ayudas económicas que permiten a las mujeres romper el vínculo con la violencia. Son partidas que hay que mantener en el máximo posible", ha dicho. "Tenemos muchos casos en los juzgados de mujeres que han ido a presentar una denuncia porque han visto un cartel del 016 (el teléfono confidencial y gratuito de ayuda e información a víctimas de malos tratos) o un anuncio en la televisión", ha afirmado.

Campañas y acciones destinadas a que las mujeres que están sufriendo la situaciones de violencia, o las personas de su entorno, denuncien. En el caso de este año, ha alertado Montalbán, ninguna de las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas había denunciado a su agresor. Algo "extremadamente preocupante", ha advertido la presidenta del observatorio.

Mientras, el número de denuncias por violencia de género se mantiene estable. En 2011 se registraron 134.002, una media de 367 al día. Un 0,1% menos que en 2010. El 71,48% las presentaron las propias víctimas, el 14,65% la policía, el 11,41% fueron impulsadas por partes de lesiones y el 1,31% las presentaron los organismos de servicios sociales. Solo el 1,15% de las denuncias llegaron desde la familia o el entorno de la víctima.

"Es preocupante que las familias no sean conscientes de que los malos tratos matan, y hay que hacer campañas para que todos seamos conscientes de esa realidad. No se puede dar un paso atrás en esta materia, en la que somos una referencia internacional", ha dicho Montalbán.

Se reduce, no obstante, la cifra de mujeres que renuncia a seguir adelante con el proceso judicial: 15.460, un 2,8% menos que en 2010.

EL AISLAMIENTO CARCELARIO: LA PRISION TIPO F, UTILIZADA EN CENTROS DE MENORES

Para llegar a esto, bastó sencillamente encerrarlos en celdas escasamente iluminadas, abandonarlos en estas condiciones por largos periodos, logrando mediante este método que los mismos prisioneros solicitaran tener contacto con quienes los habían sometido a interrogatorio. En esta situación de quiebre, los prisioneros terminan por afirmar todo lo que se les pregunta en el interrogatorio. La NASA, reconstruyendo las condiciones en que encontraron a los prisioneros de Corea, confirma que mediante el aislamiento total de un ser humano se puede conseguir su completa adhesión y su adaptación o destrucción, sin ninguna intervención de violencia física exterior.

Se trata de un local del tamaño de una celda donde los muros y el escaso mobiliario son blancos, perfectamente aislados del exterior; sin luz natural, sin sonidos que vengan a perturbar el silencio absoluto. La comida es pasada por un tapiz al prisionero, para que no pueda ver nada del exterior. Los resultados de tal experiencia enseñan que el prisionero más determinado a resistir sólo ha podido resistir dos días y una noche

Conviene ante todo destacar el aspecto puramente concreto de estas prisiones. El prisionero político es puesto en una celda individual de 2 metros por 3, a la que accede por una puerta acorazada. Los cuatro muros están pintados uniformemente de un blanco monótono a veces con la añadidura de una minúscula ventana, en lo alto.

Todo es hecho para que el prisionero no tenga que salir a los servicios higiénicos: una cama, una mesa y una silla constituyen la única presencia material. No a los libros, no a la música; nada. La comida es pasada a través de una trampa, como se hace para nutrir a una bestia. El conjunto es insonorizado y el mundo físico del prisionero es reducido a una distancia de tres metros, circundada de un silencio agobiador. A eso se suma el de un uniforme, de los registros a cuerpo desnudo, una censura aumentada, como también, la supresión o la limitación de las visitas de los padres y amigos, la imposibilidad de hablar a otros presos. Existe una analogía que permite asociar la cárcel a un cementerio y la celda a un sepulcro.

La crisis dispara un 22% la emigración española, en su mayoría jóvenes

La crisis ha hecho que el número de españoles que se deciden a buscarse la vida fuera de España haya aumentado un 21,9% desde el año 2008, según muestra el Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA). En su mayoría, se trata de jóvenes muy cualificados que han puesto sus ojos, fundamentalmente, en Alemania, Gran Bretaña e Iberoamérica.

El presidente en funciones del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), Francisco Ruiz, confirma a Ep que las asociaciones tradicionales de españoles en el exterior ya no sirven para esta nueva ‘hornada’ de emigrantes, y que "muchas asociaciones están desapareciendo" porque los jóvenes españoles que salen al exterior "no se sentirían representados" por estas entidades, aunque en su opinión, "tampoco es lo que buscan", ya que sólo recurren a las asociaciones en demanda de empleo o de información sobre cursos para aprender la lengua del país al que van a emigrar, pero no para afiliarse.

En cuanto a la nueva emigración en sí, Ruiz, que también preside el Consejo de Residentes Españoles de la demarcación consular de Ginebra, ha destacado el incremento de solicitudes de información recibidas en su área de españoles que quieren irse allí a trabajar. "De cada cien que tenemos, el 70% piden ayuda para encontrar un trabajo o informarse sobre cómo conseguirlo", ha señalado.

En Suiza, y con cifras del CERA, el número de españoles se ha incrementado un 6,8 por ciento desde 2008, pasando de 70.532 a 75.354 nacionales allí afincados. En Alemania, desde donde se han estado lanzando ofertas de trabajo en masa hacia España en los últimos dos años, el aumento ha sido del 5,9 por ciento, hasta las 88.248 personas. Eso teniendo en cuenta, como señala Ruiz, que ambos países presentan las dificultades añadidas del idioma. En Reino Unido, sin embargo, el CERA arroja un aumento de españoles superior: han pasado de 46.646 que constaban en 2008 a los 54.321 que se contaban en diciembre del año pasado, una subida del 16,4%.

Aumento en Iberoamérica

En otras demarcaciones consulares, como la de Ecuador, no se ha notado un incremento de las consultas, pero sí de la afluencia de españoles. Sin embargo, en este caso se trata fundamentalmente de ‘nacionalizados’ (ecuatorianos que residían en España con doble nacionalidad) que han regresado a su país de origen "por falta de trabajo en España".

En el caso de Ecuador, cuyos nacionales han sido de los colectivos más numerosos en España en tiempos de bonanza económica, y a quienes se les exigen dos años de residencia legal y continuada para obtener la nacionalidad, la cifra de españoles ha pasado de 2.884 en diciembre de 2008 a 7.236 en el mismo mes de 2011: un 150 por ciento más en plena crisis económica.

También Perú, Bolivia y Brasil están experimentando un fenómeno similar. En el primero, donde vivían 6.903 españoles en el año 2008, la comunidad está ya formada por más de 10.600, un 54% más, y, según fuentes de la Embajada en España consultadas por Europa Press, si bien hay muchos nacionalizados, son numerosos los españoles ingenieros o arquitectos que se están desplazando al país.

Mientras, los bolivianos han visto aumentar la comunidad de españoles desde 2.647 a 3.876 ciudadanos y, en Brasil, se han registrado casi 20.000 más: suman 87.128 tras un incremento del 25,5 por ciento en cuatro años.

REINSERCIÓN SOCIOLABORAL EN CENTROS PENITENCIARIOS.

CIC BATÁ hace suya a través de esta línea de trabajo la defensa de los derechos que les asisten a las personas reclusas y ex - reclusas, y por ello trabaja para mejorar

su desarrollo personal y facilitar su integración en la sociedad para cuando hayan cumplido la condena que les ha sido impuesta.

Dentro de estas acciones CIC BATÁ pone en marcha desde hace varios años el proyecto de Dinamización Deportiva en los Centros Penitenciarios de Andalucía.

Un programa que a través del fomento del deporte en los centros penitenciarios supone un instrumento para la integración social y para la mejora del bienestar

de la población reclusa de Andalucía. Este programa ha recibido entre otros el PREMIO ANDALUCIA DE LOS DEPORTES en 1.999 y el PREMIO DE LA

ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE PRENSA DEPORTIVA DE ANDALUCÍA.

Las acciones de formación, orientación e inserción laboral que CIC BATÁ desarrolla en diversos centros penitenciarios de Andalucía persiguen preparar a los

internos para el acceso a un puesto de trabajo, CIC BATÁ desarrolla esta labor partiendo de itinerarios personalizados y con medidas de acompañamiento a la inserción.

Los resultados de inserción laboral son altos y en el futuro queremos complementar esta iniciativa con otras de carácter social.

Actividades culturales.

Colaboración en el cumplimiento de medidas no privativas de la libertad, trabajos en beneficios de la comunidad, medidas de seguridad, etc.

Los jubilados deberán pagar el 10% del coste de las medicinas

Los pensionistas españoles, que actualmente no pagan nada por los medicamentos, deberán abonar un 10% de su valor, con un límite de entre 10 y 20 euros al mes, mientras que los trabajadores activos, que ya abonan el 40% de las recetas, verán elevada su aportación hasta el 50% o el 60%, en función de la renta. Esa es la propuesta que el Gobierno ha planteado a las comunidades autónomas y que hoy será debatida en el Consejo Interterritorial de Salud para que sea aprobada por el Consejo de Ministros del viernes, según han explicado en México fuentes del PP. “Se pasa de un sistema en el que se paga en función de la edad a otro en el que se pagará según la renta”, han subrayado las mismas fuentes.Y, en principio, se zanja así un debate entre el Ejecutivo y los populares, e incluso entre ministros del Gabinete de Rajoy, lleno de mensajes contradictorios y que evidenció la falta de coordinación política en este ámbito.

Se pasa de un sistema en el que se paga en función de la edad a otro en el que se pagará según la renta

La principal novedad es que se acaba con la gratuidad de las medicinas para los pensionistas. Salvo que finalmente se acepte alguna excepción, todos los pensionistas deberán abonar el 10% de sus medicamentos. Eso sí, quienes paguen más de 10 euros al mes durante tres meses seguidos tendrán derecho a que se les reembolse la diferencia. El límite se elevará a 20 euros para quienes perciban las pensiones más altas. Respecto a los trabajadores activos, estos pasarán de abonar el 40% del precio de los medicamentos a pagar el 50%. También en este caso, quienes disfruten de rentas más altas —en torno a 100.000 euros al año o más— tendrán que pagar el 60%, un 20% más que ahora. La aplicación de este sistema requerirá la generalización de la tarjeta electrónica, en cuyo microchip se incluirá la información tributaria.

Solo se tendrán en cuentan las rentas, pero no el patrimonio. Con estas medidas se espera ahorrar unos 3.700 millones de euros, de los 10.000 que el Gobierno quiere recortar en Sanidad y Educación. Aunque estudia muchas más medidas, hasta 50, de momento descarta el copago de servicios médicos —consultas, intervenciones, etc.— o los ligados a la hospitalización (catering, noche de hospital, etc). Habrá un régimen especial para los medicamentos de enfermos crónicos (como diabéticos) y se estudiará la posibilidad de eximir de estos pagos a los desempleados sin subsidio. “No es lógico que un parado con familia y sin ayudas pague el 40% y un jubilado con 1.500 euros de pensión no pague nada”, aducen las mismas fuentes.

Con estas medidas se espera ahorrar unos 3.700 millones de euros

Sin desvelar su contenido, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha referido en la noche del martes de forma velada a los citados recortes. En un encuentro con la colonia española de México en la residencia del embajador, ha defendido las reformas adoptadas por el Gobierno y ha mostrado su “voluntad decidida de tomar las decisiones que haya que tomar, incluso esta misma semana, decisiones que a nadie le gusta tomar, pero que son imprescindibles”. Por la mañana ya había anticipado que el Consejo de Ministros del viernes adoptaría medidas sobre Educación, Sanidad y Servicios Sociales.

MIREMOS A QUIEN RESCATAMOS

El Ministerio de Economía informa de una tercera ronda de saneamiento a los bancos cuando finalicen las auditorías independientes. Es el cuento de nunca acabar. ¿Hasta cuándo lo vamos a permitir? La banca española se enfrentará a una tercera ronda de provisiones e inyecciones de capital cuando finalicen los análisis que están realizando firmas independientes sobre sus carteras crediticias.

AL COLEGIO CON HAMBRE Y SIN CUADERNO

"Algunos niños cuentan que hacen una comida al día y tienen hambre. Son los casos más dramáticos pero existen". Son palabras del presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), Jesús María Sánchez, quien cuenta a RTVE.es que también cada vez es más habitual que los alumnos vayan a clase sin el material escolar que se les exige.

La crisis golpea con fuerza a los más pequeños. Los datos son alarmantes. Por primera vez en la historia, los niños se han convertido en el colectivo más afectado por la crisis económica en España, según un reciente informe de Unicef, que pone de manifiesto que en nuestro país viven casi 2,2 millones de niños en pobreza relativa.

El 17,1% de los menores en España viven por debajo del umbral de la pobreza (15.820 euros anuales para una familia de dos adultos y dos niños), una tasa que sitúa a nuestro país como el cuarto de la UE con la proporción más alta de niños pobres, por detrás de Rumanía, Letonia y Bulgaria. Aumenta también el porcentaje de niños que viven en hogares con una privación material severa y de los que viven en hogares que sufren pobreza crónica.

Empeoramiento de sus condiciones de vida, de lacalidad de su alimentación y de su educación ydificultad para costear tratamientos médicos no incluidos en el sistema público son algunas de las consecuencias de la crisis económica que ha provocado que el número de hogares con todos sus miembros adultos en paro crezca un 120% entre 2007 y 2010, según Unicef.

Cruz Roja inicia este mes de junio un nuevo plan de reparto de alimentos para las familias que peor lo están pasando que incluye lotes infantiles de cereales, leches de continuación y potitos.

"Mi marido y yo estamos en paro. Vengo al reparto de alimentos porque tengo un niño de cinco años y tengo que asegurar alimentos básicos para casa como leche, galletas, arroz o pasta". Así tengo la tranquilidad de que mi hijo va a poder comer cada día, cuenta a RTVE.es Graciela, que se lleva su carro lleno de comida de una de las sedes de Cruz Roja.

Yolanda Cagigal, trabajadora social de Cruz Roja, asegura a RTVE.es que la prioridad absoluta para ellos son las familias con niños pequeños. Además del reparto mensual de alimentos, una vez al año entregan pañales a los que no pueden hacer frente a este gasto imprescindible.

El Gobierno estudia subir la ‘nota de corte’ para acceder a la dependencia

Como ya ha ocurrido con las becas de los estudiantes, el Gobierno planea ahora endurecer el acceso de los dependientes a una ayuda elevando los puntos de corte que se necesitan para ello. Si antes bastaban 25 (en una escala del 1 al 100) para ser considerado persona dependiente, ahora ese nivel probablemente se eleve. ¿Hasta dónde? No se ha concretado, pero en los grupos de trabajo organizados por el Imserso e integrados por representantes de las comunidades así se ha propuesto.

Fueron las comunidades de Murcia y Galicia las que se encargaron de proponer esta medida. Y así la pudieron escuchar todos los directores generales de la Dependencia reunidos este jueves y vienes en Toledo. Murcia ha llegado a proponer que el corte esté en los 65 puntos. Eso dejaría fuera a más de la mitad de los dependientes que hasta ahora entran al sistema. Desde luego a los de grado moderado (de 25 a 49 puntos), pero también a muchos de los de grado severo. Prácticamente quedarían solo los grandes dependientes. Pero en la reunión no se concretó finalmente una cifra. En todo caso, las comunidades no tienen capacidad económica para que les exijan grandes milagros, así que cualquier recorte en esta ley puede aliviar su carga a menos que reciban financiación extra, justo lo contrario que ha ocurrido con los Presupuestos Generales del Estado, donde se ha caído una partida entera de 283 millones.

Las comunidades debaten un listón que dejaría fuera a los de grado severo

En la reunión del jueves y este viernes por la mañana, a la que acudieron los directores generales sin un solo documento por escrito —se presentó como una jornada de reflexión—, se planteó también impedir que una persona con discapacidad perciba más de una ayuda de las previstas por la ley. En muchas comunidades son compatibles varias prestaciones, por ejemplo, unas horas de ayuda a domicilio y la estancia en un centro de día. La previsión es que esto deje de ocurrir salvo con la teleasistencia, que seguirá siendo compatible con todo. La teleasistencia no es más que un dispositivo electrónico para pedir socorro si el anciano que vive solo sufre algún percance. En principio puede parecer lógico que quien tiene una ayuda no reciba otra, pero las situaciones son complejas. En un matrimonio de ancianos, uno de ellos puede ir a un centro de día pero, a la vez, necesitar ayuda para levantarse, subir al autobús y acostarse, apoyo que la mujer o el marido, también anciano, no puede prestarle. En situaciones así, el centro de día se complementaba con alguna hora de ayuda a domicilio. Esto va camino de desaparecer.

Los farmacéuticos alertan de que más recortes ponen en peligro su actividad

El presidente del Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León, Jesús Aguilar Santamaría, destacó que para seguir garantizando el servicio que prestan las farmacias en la región no se puede continuar recortando «el mal llamado gasto farmacéutico». «El medicamento no ha sido la causa de la crisis ni tampoco se va a convertir en su solución. Debemos garantizar la viabilidad de nuestras farmacias y no se pueden seguir centrando todas las políticas en la contención del gasto en farmacia si queremos garantizar la calidad en la atención».

Aunque recordó que el 20 por ciento de las farmacias se encuentra en una «situación de viabilidad muy comprometida» en la Comunidad y que en los últimos años los beneficios han caído una media de un 30 por ciento por «los recortes», Aguilar resaltó que la red de farmacias de Castilla y León, con 1.882 establecimientos y 2.500 profesionales, «permite que todos los ciudadanos puedan acceder a los medicamentos fácilmente y en igualdad de condiciones, algo complicado para una población envejecida, como es la nuestra, y asentada en un territorio muy extenso y con la densidad de población más baja de nuestro entorno».

Al mismo tiempo, el representante autonómico de los farmacéuticos destacó que en un momento marcado por la crisis y donde se cuestiona la viabilidad de muchos servicios públicos, «debemos manifestar nuestra apuesta y nuestro compromiso con la sanidad y con la salud de los ciudadanos».
Jesús Aguilar realizó estas declaraciones en la jornada ‘Una farmacia profesional y sostenible’, organizada en Valladolid por el Consejo de Colegios Farmacéutico, en la que también puso de manifiesto que la cercanía con el paciente está «permitiendo detectar las verdaderas necesidades y orientar el servicio que se presta».

A su vez, también destacó el valor asistencial de la farmacia y su potencial sanitario, subrayando que más de medio millar de establecimientos ya se encuentran adheridos al programa Adherencia y Compromiso con la Medicación (Adcom), puesto en marcha a finales de 2011 y del que se benefician más de 1.700 pacientes crónicos y polimedicados.

Aguilar recordó la colaboración con la Consejería de Sanidad en todas las campañas sanitarias y afirmó que el farmacéutico ha sabido «colocar la salud de sus pacientes en el punto de referencia de sus actuaciones, implicándose en la educación sanitaria y el uso racional de los medicamentos», por lo que se planteó como reto para todos «seguir siendo eficaces para el paciente y eficientes para el sistema».

Más de dos millones de niños viven en la pobreza en España

Las crisis económicas siempre azotan a los más débiles y esta no podía ser una excepción. Casi 2,2 millones de niños viven por debajo del umbral de la pobreza en España (menos del 60 por ciento de la mediana de los ingresos anuales por hogar). Esta cifra supone 205.000 menores más que hace dos años, según el informe Infancia en España 2012-2013 presentado ayer por Unicef España, que alerta de que por primera vez los pequeños se convierten en el grupo más pobre en el país y en el más afectado por la crisis.
En este sentido, subraya que la pobreza en este colectivo, estabilizada durante años en torno al 24 por ciento de la población menor de edad, ha superado el 26 por ciento, un porcentaje que está casi cinco puntos por encima de la media nacional en 2011 y que nunca se había alcanzado para esta franja de edad desde que existe la Encuesta de Condiciones de Vida (2004). Además, destaca que el número de hogares con niños con todos sus miembros adultos sin trabajo ha crecido un 120 por ciento entre 2007 y 2010, casi dos veces más que el total de familias.
En cuanto a la persistencia de la pobreza, la indigencia crónica ha aumentado en un 53 por ciento desde 2009 (aquellos que llevan tres de las cuatro últimas anualidades por debajo del índice de solvencia). Otro dato destacable es que en 2010 el 13,7 por ciento de los niños vivía en hogares con un nivel de necesidad alto (familia con dos menores de 14 años y con ingresos inferiores a 10.983 euros anuales), siendo la cifra más elevada de todos los países de la UE de los 15, y solo por debajo de Rumanía y Bulgaria.
Por otro lado, el número de unidades con bajos ingresos que reciben ayuda de la Seguridad Social por cada hijo a cargo se sitúa en más de un millón en 2011, lo que ha supuesto un crecimiento de casi 100.000 en los últimos dos años. Estos datos han producido, según Unicef, que haya un cambio en las costumbres de consumo, afectando en un primer momento a actividades de ocio, pero que se ha extendido también a la educación de los hijos, la participación en actividades extraescolares y finalmente a la alimentación.
La directora ejecutiva de Unicef España, Paloma Escudero, señaló que «los costes de no actuar ahora no solo afectan a los niños y las familias más vulnerables, sino que comprometen el crecimiento y el bienestar de toda la sociedad a medio y largo plazo», subrayó.

Los más débiles. La organización internacional propone recuperar el rostro humano del impacto que la crisis está suponiendo en la infancia, cuando son los últimos responsables de esta coyuntura y los que menor capacidad tienen para enfrentarse a ella.
Así, desde el punto de vista psicológico,  Unicef destaca que los pequeños perciben y, en ocasiones, sufren el aumento del estrés de los adultos, provocando tensión en las relaciones intrafamiliares y modificando las probabilidades de futuro de padres e hijos, lo que provoca que cambien los roles de los adultos y que muchos niños se sientan culpables de la situación creada.
Para Unicef, estas cifras hacen «necesario» proteger los derechos de los menores y defiende que el coste de oportunidad social y económico de no intervenir a medio y largo plazo es «muy alto». De este modo, señala que es «urgente e importante» apostar por la infancia y pide que las políticas sobre este colectivo vuelvan a la agenda política, porque dicha apuesta es «estratégica y conservadora».

Sacyl gastó en prótesis, dietéticos y transporte 9,7 millones en 2011

Según los planes del Gobierno de Mariano Rajoy, expresados en el Real Decreto Ley 16/2012 de abril de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, los 9,7 millones que el Sacyl se gastó en Burgos el año pasado (exactamente 9.712.597,72 euros) en transporte sanitario, productos dietoterápicos, vehículos para personas con discapacidad y prótesis se van a quedar en mucho menos dado que son estos los capítulos en los que se va a aplicar el denominado copago, es decir, que los usuarios van a tener que abonar una parte de su coste.
El gerente de Salud de Área de Burgos, Teófilo Lozano, dijo que aún es pronto para saber en cuánto se recortarán estas prestaciones ya que hay un periodo de seis meses para ajustarlo, es decir, que aún se desconoce cuánto tendrán que pagar los pacientes burgaleses que necesiten determinados productos dietéticos o ser transportados en ambulancia de un hospital a otro o de su domicilio a un centro sanitario a recibir algún tratamiento o colocarse una prótesis.
Según datos facilitados por la propia Gerencia, en  2011 se gastaron 5,5 millones de euros en transporte sanitario no urgente, que incluye, entre otros servicios, el traslado ente hospitales o desde el domicilio de pacientes oncológicos, de diálisis o de rehabilitación que tengan que recibir sus tratamientos. En este sentido, Lozano aseguró confiar en que este tipo de enfermos «tenga un tratamiento especial teniendo en cuenta sus circunstancias de salud y económicas».
A lo largo de todo el año se recibieron 3.509 solicitudes entre las ortoprótesis (las más frecuentes son de mama, de miembros inferiores y de columna) y los vehículos para personas con discapacidad (sillas de ruedas) que supusieron un total de 603.353 euros.
En el apartado de los dietoterápicos (alimentos para usos médicos especiales) el gasto fue de 3,5 millones de euros. Los pensionistas fueron los que más envases consumieron -20.194 por algo más 2,8 millones- mientras que los activos gastaron 7.646 que costaron 672.000 euros. Entre estos se encuentran los productos de nutrición enteral para pacientes con alteraciones mecánicas o neuromotoras para la deglución o el tránsito y que necesitan una sonda, para los que como consecuencia de su enfermedad tienen unos requerimientos especiales de  nutrientes, o incluso para quienes padecen desnutrición. En este mismo epígrafe se encuentran los productos destinados a personas con trastornos metabólicos.
Es el transporte sanitario no urgente el que eleva la minuta de estas prestaciones ya que el Sacyl burgalés se gastó en este particular 5,5 millones de euros el año pasado. El número de pacientes trasladados fue de 42.015 (teniendo en cuenta que muchos de ellos necesitan este servicio periódicamente) entre las ambulancias de soporte vital avanzado, las convencionales y las colectivas, aquellas que llevan a varios pacientes a la vez.

ADOLESCENTE AUTISTA TORTURADO EN EE. UU.

Un estremecedor video de torturas a un adolescente en una escuela especial de Estados Unidos fue exhibido por el canal Fox News. Se trata de un emblemático caso de abuso cometido por profesores y terapeutas, quienes el año 2002 sometieron a Andre McCollins, quien sufría de autismo, a incesantes choques eléctricos para combatir su agresividad

El video muestra cómo el grupo de terapeutas de la escuela Rotenberg de Canton amarra al joven a una superficie en el piso y colocan un casco con electrodos. Los operadores dan paso a los toques eléctricos y Andre se retuerce con incesantes gritos de dolor. La causa de esta reacción fue porque Andre no quiso sacarse su abrigo al ingreso del colegio.

Al final del día su madre lo fue a recoger y el cabro estaba con severos síntomas de estrés. De inmediato lo llevó al hospital donde fue internado y cayó en coma por tres días. Finalmente el alumno quedó invalido tras una práctica que el recinto justificó para "evitar que se hiciera daño a él y a otros".

El cuestionado centro educacional Rotenberg de Canton es ampliamente cuestionado por el uso del electroshock. Medios de comunicación gringos estiman que la mitad de sus 234 estudiantes actuales han recibido descargas, incluso niños de 9 o 10 años.

Las autoridades del establecimiento podrían ser castigadas penalmente por estos hechos luego de un largo juicio que tiene entre sus principales pruebas este video, que fue visto por el jurado, el que reaccionó indignado.

EL CAZO DE LORENZO

Video que invita a reflexionar sobre los “cazos” que todos tenemos en la vida.  Nos recuerda que nadie está libre de necesitar  ayuda y por eso debemos ofertarla a las personas de nuestro entorno. Invita a la reflexión de cómo vemos los impedimentos de la vida cada persona. Es muy interesante e invitamos a verlo y reflexionar.

UNA SANIDAD IMPAGABLE

Cinco argumentos contra aquellos que dicen que el gasto sanitario español es desmesurado o que son inevitables los recortes y el copago.

1. España es de los países desarrollados que menos invierte en salud: sólo el 9,7% del PIB, entre sanidad pública (6,6%) y privada (3,1%). Francia gasta el 11,8%; Alemania, el 11,6%; Holanda, el 12%; y Estados Unidos, el 17,4%.


2. El sistema público de salud le cuesta a cada español unos 1.500 euros al año, que salen de sus impuestos. La media europea ronda los 2.100 euros. Francia (2.500), Alemania (2.600) o Reino Unido (2.100) también pagan más por habitante.


3. Por 1.500 euros al año, España consigue una cobertura pública, gratuita y universal (a partir de enero de 2012) con unas prestaciones muy superiores a la media de la UE: la prueba es que tantos europeos vengan a operarse a España. En los países sin sanidad pública, no hay seguro privado que ofrezca unos servicios sanitarios de la misma calidad a un precio tan bajo.


4. La inversión es pequeña, pero la rentabilidad es muy alta. España está entre los mejores países en casi todos los indicadores de salud: en esperanza de vida, en tasas de vacunación infantil o en trasplantes. Gracias a los sistemas de prevención, la mortalidad por cáncer de mama, por ejemplo, es casi un 24% inferior a la media de la UE.


5. Que nuestra sanidad pública sea tan eficaz como barata significa que es uno de los mejores sistemas de salud del planeta, como así se reconoce fuera de España. Su eficiencia desmiente también dos falsedades: que el sistema sanitario español sea un lujo insostenible y que lo privado funcione siempre mejor que lo público.

Crece el servicio de teleasistencia

Cerca de 4000 vecinos de Santander con dependencia o enfermedad se beneficiarán este año del servicio de Teleasistencia Domiciliaria del Ayuntamiento de Santander que incrementa el número de terminales.

“Queremos mantener y reforzar, en la medida de lo posible, nuestro apoyo a los grupos más vulnerables, a través de programas, recursos y servicios, que estimulen la normalización de la vida de nuestros vecinos, haciendo posible el pleno desarrollo de las personas”, aseguró el concejal de Familia y Servicios Sociales, Antonio Gómez.

El Servicio de Teleasistencia Domiciliaria ofrece una atención inmediata y permanente a sus usuarios, de los que cerca del 65 por ciento son personas mayores de 80 años. Este sistema, que está dirigido a las personas que viven o pasan una gran parte del día solas o que padecen alguna enfermedad o limitación en su movilidad, garantiza a los usuarios una respuesta eficaz ante cualquier incidencia o situación de emergencia.

Para ofrecer este servicio, se instala en el domicilio del usuario un terminal que se encuentra conectado permanentemente a un centro de atención con el que puede comunicarse las 24 horas del día durante todos los días del año. Además, se le facilita un pulsador en forma de medallón o pulsera que acciona el terminal a distancia, de manera que puede comunicarse con el centro de atención desde cualquier lugar de la vivienda.

“La teleasistencia no se limita a los casos de emergencia sino que las personas que se benefician de este servicio pueden llamar también al centro de atención en momentos de soledad, de angustia o cuando tienen necesidad de hablar con alguien”, explicó Gómez.

Según el Ayuntamiento de Santander, más del 70 por ciento de las llamadas que se efectúan desde el servicio de teleasistencia son de seguimiento, mientras que el resto son las propias de un servicio sanitario.

Este servicio se lleva a cabo gracias a un convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de Santander, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Torrelavega se vuelca con los enfermos de 'huesos de cristal'

Torrelavega vuelve a demostrar que es una ciudad solidaria. En esta ocasión, cientos de personas participarán el sábado, durante 12 horas, en diversas actividades deportivas programadas en el pabellón Vicente Trueba con motivo del Día Internacional de la Osteogénesis Imperfecta, conocida popularmente como la enfermedad de los 'huesos de cristal'.

La organización corre a cargo de un grupo de familiares de afectados, encabezado por José Luis Argoitia, el padre de Lucas, el niño torrelaveguense que se ha hecho famoso por su simpatía y ganas de vivir. «Princesa, tenemos esperanza», le dijo recientemente a la Princesa de Asturias, Doña Letizia, durante un acto celebrado en Madrid.

El padre de Lucas explicó que este tipo de iniciativas, que tienen como objetivo dar a conocer esta enfermedad rara, se iniciaron hace dos años en Australia y que Torrelavega se sumó a ellas por primera vez en 2011. La organización se vio desbordada, por lo que este año ha fijado metas más altas, contando con la colaboración del Ayuntamiento y numerosas empresas, entre ellas los principales gimnasios de Torrelavega.

El programa se iniciará el viernes, a las ocho de la tarde, en los salones del Círculo de Recreo. Primero tendrá lugar una obra de teatro y después una cena de gala benéfica (38 euros), amenizada con música. Las actividades en el Vicente Trueba tendrán lugar el sábado, entre las diez de la mañana y las diez de la noche. Habrá actividades para todas las edades: cicling, gimnasia, baile, malabares, teatro, talleres infantiles, magia, música, marcha solidaria, etc. El precio de los dorsales será de entre uno y tres euros, dependiendo de la actividad.

El alcalde, Ildefonso Calderón, dijo ayer en la presentación que si por algo se caracterizan los torrelaveguenses es «por su solidaridad» y que la enfermedad de los 'huesos de cristal' tiene en Lucas «una bandera magnífica». El regidor recordó que la última vez que vio al niño fue para entregarle un regalo de cumpleaños de parte de la misnistra de Sanidad, Ana Mato.

Sanidad seguirá financiando los abortos por motivos médicos

La secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, ha asegurado que "no va a salir" de la cartera básica de servicios "ninguna de las prestaciones que por criterio médico requiera del Sistema Nacional de Salud".

Farjas respondía así en declaraciones a los medios al ser preguntada sobre si el aborto va a quedar excluido de esa cartera básica de prestaciones común para todo el territorio nacional, que el Gobierno va a acordar con las comunidades autónomas, y que recoge el Real Decreto-Ley de medidas urgentes para la sostenibilidad del sistema sanitario

La representante del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha explicado que esta normativa establece también la creación de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías y Prestaciones Sanitarias, que será la encargada de estudiar con criterios de eficacia, eficiencia y calidad "toda la cartera de servicios". "Por tanto, todos los españoles tienen la garantía de que la actualización permanente de la cartera de servicios y de prestaciones se hará bajo criterios de eficacia, de calidad y de eficiencia", ha señalado Farjas.

En cuanto a los inmigrantes no regularizados, a los que se invalidará la tarjeta sanitaria a partir de septiembre, la secretaria general ha insistido en que una de las medidas del decreto es la garantía de acceso para todos los españoles a la asistencia sanitaria pública "en un marco de blindaje del sistema sanitario frente al turismo sanitario y la utilización no regular" del mismo.

Respecto a la propuesta del conseller de Economía de Cataluña, Andreu Mas-Colell, de ampliar el copago sanitario con el pago por los ciudadanos de cinco euros por día de hospitalización y el pago del 100% de las recetas por los trabajadores con rentas superiores a 100.000 euros, Farjas ha incidido en que las medidas de ajuste están plasmadas en el Real Decreto, que ya ha sido remitido a Bruselas. En esa norma, según Farjas, "queda clara la apuesta decidida y el compromiso por una asistencia sanitaria, gratuita y de calidad para todos los españoles", con un modelo de participación en el coste de los medicamentos "solidario".

Trabajadores de los servicios sociales denuncian "falta de medios humanos e ineficacia"

Los trabajadores del Instituto Cántabro de Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria han advertido de las consecuencias de los recortes de personal en la calidad de las prestaciones que se ofrecen.

Por eso, y en lugar de esas medidas, han reclamado, en una concentración celebrada este jueves ante la sede del Ejecutivo regional en Peñaherbosa, una "apuesta firme y decidida" por los servicios sociales, que tiene que plasmarse en una adecuada dotación de medios humanos y materiales.

Estos recursos, defienden, son necesarios para ofrecer "un buen servicio" que además, en el caso de los servicios sociales, se dirigen a los colectivos "más desfavorecidos".

Cada jueves, desde hace unas semanas, se concentran en Peñaherbosa trabajadores de un sector público. Este, le tocaba a los de los servicios sociales, que han coincidido, además, con los empleados de la empresa pública MARE , en la que se está negociando un ERE.

"Se puede entender que se planteen recortes y ajustes, pero no a costa del personal que atiende estos servicios esenciales", afirman en un manifiesto en el que acusan al Ejecutivo de "tratar de engañar" a los cántabros al hablar de un Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos, "cuando lo que pretenden es lo contrario de lo que pregonan".

Los recortes en personal de servicios sociales "no son admisibles", pues, argumentan, "si hay menos trabajadores para el mismo número de usuarios no se podrá prestar la atención al mismo nivel", y, de forma paralela, "si lo que se reduce es el número de usuarios", entonces, "menos personas con necesidades podrán contar con la debida asistencia".

Ahora mismo, denuncian, se está produciendo "precariedad, falta de medios humanos e ineficacia" en la gestión del ICASS, en el que trabajan unas 1.400 personas, entre funcionarios y personal laboral.

En este sentido, Javier González, coordinador del sector autonómico de Comisiones Obreras, ha puesto como ejemplo que no se están cubriendo las plazas del personal que se jubila o que en la residencia La Pereda de Santander "se están vaciando habitaciones".

Una situación que "está creando alarma" entre profesionales y usuarios y el "deterioro" de la calidad asistencial, ha añadido.

Objetivo de "cero despidos" en MARE

Por su parte, los trabajadores de la empresa pública MARE (Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía) confían en poder "rascar algo más" para lograr cumplir su objetivo de que el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) culmine con "cero despidos", un objetivo que no ven "descabellado".

De momento, en la última cita negociadora, este pasado miércoles, la propuesta de la dirección ha supuesto que los despidos se reduzcan a 14, tras aceptar 32 trabajadores pasar a ser fijos discontinuos, y proponerse esa misma medida a otros cuatro, mientras que tres valoran su posible jubilación.

Ahora, según ha explicado el presidente del Comité de Empresa, Nacho Modinos, los trabajadores examinan una documentación con datos económicos de la empresa y costes salariales, para "echar números" de cara a la elaboración de una contrapropuesta.

De lo que se trata es de buscar los "huecos", como por ejemplo las jubilaciones, entre otras posibilidades que aún quedan, para cumplir un objetivo, el de que no haya despidos, que, defiende, "no es descabellado".

Los empleados de esta sociedad pública, que recuerdan su condición especial por sus buenos resultados económicos frente a otras empresas que se están cuestionando por esos motivos, se han concentrado este jueves ante la sede del Gobierno de Cantabria .

Los servicios sociales básicos sufren el mayor recorte en décadas

El presupuesto para la atención a la dependencia sufre un nuevo recorte, un 5,7% sobre lo presupuestado en el ejercicio anterior, una cantidad que, traducida a cifras reales, supone 81 millones de euros menos. Pero a esos 1.326 millones en que se queda la atención a la dependencia, dice el Gobierno, han de sumársele 81 millones para gastos de funcionamiento y operaciones de capital, con lo que la cifra total sería de 1.407 millones. Pero hay que tener en cuenta que ya el viernes pasado se supo que caía entera la partida de 283 millones que el Gobierno repartía entre las comunidades autónomas para la gestión de esta ley. Por tanto, el recorte es inapelable.

El Gobierno señala en su proyecto de presupuestos que la financiación directa para las ayudas que reciben los dependientes (el llamado nivel mínimo) ha experimentado un incremento del 18,64% respecto al año anterior, pasando de 1.134 millones a 1.287. Y es cierto, pero esa cantidad solo puede ir en función del número de dependientes atendidos, como las pensiones a los pensionistas. Por tanto, habrá que incrementar incluso esa cantidad, si a lo largo del año se eleva la cifra de personas con derecho a una ayuda. Pero las cifras totales no dejan lugar a la duda, caen casi todas las partidas de servicios sociales y la de atención a la dependencia también. El secretario de Estado de Servicios Sociales, Juan Manuel Moreno, entiende que con estas cuentas queda garantizada la atención a los dependientes. Y asegura que la partida suprimida no es algo a lo que obligue la ley.

Por otro lado, el Plan Concertado, con el que el Gobierno financia los servicios sociales básicos en los Ayuntamientos ha sufrido una tremenda caída, pasando de cerca de 86 millones de euros a alrededor de 50, por usar cifras redondas. No se conocía un recorte así desde su creación, en los ochenta. Nunca es una buena noticia, pero en tiempos de crisis, cuando los municipios están desbordados atendiendo a la población que más lo necesita, cobra tintes dramáticos. Al Plan Concertado ya se le suprimieron el año pasado 12 millones, que, en el periodo de enmiendas a los presupuestos la cifra se quedó en una rebaja de unos 9 millones. En total, la partida para Otros Servicios Sociales, donde queda recogido este Plan Concertado, así como otros capítulos para la inserción del pueblo gitano, el voluntariado social o la accesibilidad de los discapacitados se reduce 59 millones de euros.