LA JUNTA IMPULSA UN PROTOCOLO DE DETECCIÓN PRECOZ DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

La Junta de Castilla y León elaborará a lo largo del próximo año un protocolo de actuación coordinada entre profesionales de los ámbitos sanitario, social y educativo dirigido a la "detección aún más precoz de situaciones de violencia de género en el ámbito de la Comunidad", tal y como ha destacado este martes la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, quien, tras felicitarse por la escasez de casos y denuncias existentes en la región, ha lanzado no obstante el mensaje de "tolerancia cero" con el fin de erradicar por completo esta lacra social.

Milagros Marcos, quien ha inaugurado en Valladolid las Jornadas sobre Violencia de Género para Profesionales de la Red de Asistencia a la Mujer en Castilla y León, una actividad más de las que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades celebra anualmente para formar a 2.500 miembros de dicha red, ha destacado la importancia de impulsar este protocolo de actuación, coordinado entre su departamento y las consejerías de Sanidad y Educación, en lo concerniente a la detección de posibles situaciones de violencia de género sobre la mujer y las personas que dependen de ella, como mayores y niños.

"Se trata de una actividad proactiva para detectar de forma aún más precoz posibles casos de violencia de género", ha insistido Marcos, quien, ha anunciado que, entre otras medidas, su departamento se ha comprometido igualmente a desarrollar a lo largo del próximo año la Ley de Violencia de Género y el nuevo reglamento "que debe recoger todo el proceso integrado de actuación, desde la prevención y detección hasta la fase de atención continuada y, fundamentalmente, la inmersión de las víctimas en la vida normalizada".

LA SEGURIDAD COMO DERECHO

En la Ley integral el derecho a la seguridad no está reconocido a las mujeres maltratadas, sino únicamente su tutela, su protección penal. Es cierto que la Ley integral tampoco reconoce en su capítulo de derechos los correspondientes a la libertad o a la vida. Así las cosas, puede entenderse que la ley orgánica de medidas integrales, que por su definición de ’orgánica’ desarrolla preceptos constitucionales, no ha entrado a reconocer derechos fundamentales a las mujeres maltratadas porque no puede reconocérselos, es decir, porque al ser derechos humanos la Constitución se limita a establecerlos como derechos, que ya tienen las mujeres maltratadas en tanto humanas, y a partir de ahí ya no es necesario redundar en ellos en una ley orgánica. Éste sería un argumento. De hecho, la Ley integral emplea un título entero (el segundo) para conferir una serie de derechos a las mujeres víctimas de violencia de género. Estos derechos, que se conocen como derechos civiles, o de segundo orden tras los derechos fundamentales, incluyen el derecho a la información, a la asistencia social integral, a la asistencia jurídica gratuita o derechos laborales y económicos. Está muy bien. Todos estos derechos son absolutamente necesarios para unas mujeres que ven vulnerados por un agresor, a diario en buena parte de los casos, sus derechos humanos fundamentales y también sus derechos civiles, políticos o de segunda generación.

 Continuando con la lógica de la Ley integral contra la violencia de género, la seguridad está garantizada como protección bajo las tutelas penal y judicial en los títulos cuarto y quinto de la redacción jurídica. Es decir, la seguridad se garantiza cuando se quiebra, cuando la mujer está victimizada, cuando ha visto vulnerados sus derechos. En el resto de casos, cuando ni la seguridad, ni la libertad, ni la vida están comprometidas por la violencia de un agresor, la Constitución ya reconoce a la mujer esos derechos inalienables y ya es bastante. Todos podemos pensar que ése es el razonamiento lógico, que es de sentido común jurídico. De hecho, la reflexión que estamos haciendo ahora bien puede ser considerada una ’mindturbation’, un desahogo mental que no nos conduce a ninguna parte. Bien pudiera ser. Sin embargo, a diario nos encontramos con el problema de las mujeres maltratadas que no habiendo iniciado una denuncia penal están en grave peligro y desprotegidas, mujeres cuya ecuación de riesgo está conformada de tal manera que la presentación de una denuncia supone, de hecho, un aumento y no una disminución de su vulnerabilidad ante el agresor. ¿Es la seguridad un derecho fundamental previo a la denuncia o es el quebrantamiento del derecho lo que origina el propio derecho, en este caso a ser tutelada, a ser protegida? Es una pregunta filosófica, pero que tiene una traducción trágicamente práctica en las vidas de muchas mujeres.

MINISTRA MATO: "Violencia doméstica y violencia de género no es lo mismo"

Estaba convencida en un principio de que se trataba de un error por su falta de experiencia en el cargo pero en sus declaraciones posteriores lejos de intentar arreglar el entuerto se reafirma: Ana Mato considera que da igual llamarle violencia familiar a la violencia de género

 La Ministra Ana Mato quiere liquidar a tres días de su toma de posesión y de un plumazo años de lucha por los Derechos Humanos, horas y horas de trabajo en Naciones Unidas para conceptualizar esta lacra social, años y años de lucha en reconocimiento de los derechos de las mujeres. Supongo que la intención de la Ministra es arrasar con las políticas socialistas… ¿pero la ministra está dispuesta a hacerlo a cualquier precio? ¿a costa de la vida de las mujeres?

 Quiero creer que es ignorancia y no estrategia política.

 Sin duda Zapatero ha hecho muchas cosas mal, pero algunas las hizo bien. La Ley Integral contra la violencia de género no puede considerarse en clave partidista, fue una victoria de toda la sociedad.

 Veamos, tal como ha recordado hoy la compañera Marisa Soleto la violencia doméstica o familiar denomina aquella violencia por el lugar donde se produce en lugar de hacer referencia directa a las causas. “La violencia de género la sufren las mujeres por el hecho de ser mujeres”.

 Intentar reducir de nuevo la violencia contra las mujeres a un asunto familiar es no sólo es un desatino político sino una falta de respeto a todas las mujeres.

EL PP CRITICA LAS DEFICIENCIAS DE LA LEY DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y PROMETE CAMBIARLA

El PP se ha comprometido este jueves a que, si gobierna, cambiará la ley contra la violencia de género y dotará a las fuerzas policiales y a las instancias judiciales de los medios necesarios para erradicar los casos de malos tratos.

La vicesecretaria de Organización de los populares, Ana Mato, ha lanzado este anuncio durante una conferencia de prensa celebrada en la sede nacional del partido, convocada para presentar las líneas maestras de la convención que el PP organizará este fin de semana en Sevilla.

Ella será la encargada de coordinar uno de los tres foros en que se dividirá el cónclave, en su caso el dedicado a las políticas sociales. Acompañarán a Mato los presidentes de La Rioja, de Murcia y de la Comunidad Valenciana, así como los máximos dirigentes de los populares vascos, catalanes y navarros. El eurodiputado Jaime Mayor Oreja completará el elenco de participantes en este foro.

Cada uno de ellos desgranará diferentes asuntos sociales, como la inmigración, la sanidad, la educación, la protección de la familia y la igualdad de la mujer. Precisamente, sobre éste último, Mato ha subrayado las deficiencias de funcionamiento de los mecanismos que orquesta la ley contra la violencia de género, entre otras razones porque las fuerzas policiales y las instancias judiciales que han de perseguir y juzgar a los agresores no disponen de los medios suficientes.

La dirigente del PP se ha comprometido a revisar la norma para encontrar sus puntos más débiles y modificarlos. Así, erradicará los malos tratos, algo que ha prometido durante la conferencia de prensa. De hecho, ha añadido, será ésta una prioridad de un hipotético próximo Gobierno del Partido Popular.