EUROPA Y LOS RECORTES DE BIENESTAR

Ante las crisis económicas de España, Grecia, Irlanda y Portugal que iniciaron en el año 2010, caracterizadas por las altas tasas de desempleo y los recortes en el gasto social, los Estados miembros de la Unión Europea han optado por la implementación del Pacto del Euro, un conjunto de políticas monetarias y fiscales cuyo objetivo es evitar nuevas crisis que pongan en riesgo a los Estados más débiles de la zona euro y a la Unión Europea en su conjunto, a través del fortalecimiento de la economía comunitaria.

Sin embargo, y como señalan varios movimientos sociales europeos como Democracia Real Ya (DRY) de España, el Pacto privilegia la estabilidad financiera y el crecimiento económico en detrimento de la cartera social.

Aprobado por los líderes de los 17 países de la zona euro en el pasado mes de marzo del corriente año, en la ciudad de Bruselas, el Pacto del Euro tiene como objetivos impulsar la competitividad y el empleo, contribuir en mayor medida a la sostenibilidad de las finanzas públicas y reforzar la estabilidad financiera, la pregunta es ¿cómo?

Tanto el DRY como otros grupos de la sociedad civil en los países afectados, han manifestado su oposición al pacto, argumentando que las decisiones nacionales en materia económica estarán sujetas a las de organismos como el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Central Europeo (BCE), entidades cuyas autoridades no son electas por sufragio de los ciudadanos. También señalan que las medidas vinculadas al objetivo de brindar sostenibilidad a las finanzas públicas no son más que medidas que congelarán las pensiones, retrasarán la edad de jubilación, en algunos casos hasta los 69 años, y reducirán prestaciones en salud.

Por  otro lado, el DRY señala que la premisa de impulsar el empleo, consiste en reducir el costo laboral y aumentar la productividad, restando beneficios al trabajador y estableciendo salarios en función de resultados directos y no de la calidad del trabajo mismo. Asimismo, este instrumento normativo busca instaurar el modelo laboral de origen danés, conocido como “flexiguridad” que, como su nombre da a entender, pretende flexibilizar el mercado de trabajo, porque si bien este modelo fomenta la formación continua de los trabajadores y la protección de aquellos que estén desempleados, también facilita los despidos y promueve la precarización de los contratos laborales.

Ahora bien, el pacto del euro se presenta como una de las respuestas más sustantivas ante una crisis global que es resultado, entre otras cosas, de una serie de fenómenos como la reestructuración del mercado laboral, la transición demográfica, el incremento de  la migración laboral y la elevada demanda del trabajo frente una oferta que se reduce cada día más en cantidad y remuneración. No obstante, esta respuesta parece ser inadecuada porque considera al desarrollo social y a la protección de las fuerzas productivas como un freno del desarrollo económico y no como una condición del mismo, haciendo contradictoria la naturaleza del Pacto, puesto que mientras pretende implementar medidas de austeridad para palear los efectos de futuras crisis a través de la reducción de la inversión en gasto social, está generando una crisis social de mayor envergadura, dejando sin efecto los principios del Estado de Bienestar que han sido durante décadas motores no sólo del desarrollo económico y social de Europa sino el símbolo de una calidad de vida aceptable.