ANA MATO: "NINGÚN INDOCUMENTADO SE QUEDARÁ DESATENDIDO"

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha defendido en el Congreso la reforma sanitaria impulsada por su departamento con la que deja sin tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular, y ha avanzado que pese a ello este colectivo “tendrá derecho a más prestaciones que en otros países”.

Así lo ha reconocido durante su participación en la sesión de control al Gobierno en respuesta a una interpelación del diputado de Izquierda Unida (IU) Gaspar Llamazares, quien ha acusado a la ministra de iniciar una “contrarreforma” de la sanidad española dejando fuera a los colectivos que “más sufren la crisis”.

Sin embargo, la ministra ha asegurado que lo que han hecho es “poner un control” ya que “no podía ser que todo el mundo, por empadronarse en España, pudiera tener acceso a una tarjeta sanitaria”.

“Hemos dado indebidamente la sanidad a personas que o tenían la sanidad ya cubierta o no tenían derecho a ella”, ha destacado Mato, detallando que ahora el derecho a la tarjeta sanitaria va a ser para todos los españoles y para los extranjeros que vengan a España “por la vía legal y coticen como nosotros, trabajen con nosotros y vivan con nosotros”.

Sobre el acceso a la sanidad de los inmigrantes en situación irregular o ‘sin papeles’, la titular de Sanidad ha defendido que “como no podía ser de otra manera” no pueden tener los mismos derechos de quienes están en España “con todas las de la ley”.

Pese a todo, ha insistido Mato, “por solidaridad, ética y porque lo dice el decreto, tendrán derecho a más prestaciones que en otros países, ya que podrán acceder a la asistencia de urgencias, y se cubrirá la atención a embarazadas y menores de 18 años”.

“Podrán hacer toda la demagogia que quieran pero nadie va a quedar desatendido en España”, ha advertido, defendiendo que las medidas de ajuste aprobadas por el Gobierno también sirven para “dar un paso de gigante” hacia la universalidad de un sistema que “hasta ahora era una quimera”.

“NO HAY COLECTIVO QUE NO HAYA RECHAZADO LOS RECORTES”

EUROPA Y LOS RECORTES DE BIENESTAR

Ante las crisis económicas de España, Grecia, Irlanda y Portugal que iniciaron en el año 2010, caracterizadas por las altas tasas de desempleo y los recortes en el gasto social, los Estados miembros de la Unión Europea han optado por la implementación del Pacto del Euro, un conjunto de políticas monetarias y fiscales cuyo objetivo es evitar nuevas crisis que pongan en riesgo a los Estados más débiles de la zona euro y a la Unión Europea en su conjunto, a través del fortalecimiento de la economía comunitaria.

Sin embargo, y como señalan varios movimientos sociales europeos como Democracia Real Ya (DRY) de España, el Pacto privilegia la estabilidad financiera y el crecimiento económico en detrimento de la cartera social.

Aprobado por los líderes de los 17 países de la zona euro en el pasado mes de marzo del corriente año, en la ciudad de Bruselas, el Pacto del Euro tiene como objetivos impulsar la competitividad y el empleo, contribuir en mayor medida a la sostenibilidad de las finanzas públicas y reforzar la estabilidad financiera, la pregunta es ¿cómo?

Tanto el DRY como otros grupos de la sociedad civil en los países afectados, han manifestado su oposición al pacto, argumentando que las decisiones nacionales en materia económica estarán sujetas a las de organismos como el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Central Europeo (BCE), entidades cuyas autoridades no son electas por sufragio de los ciudadanos. También señalan que las medidas vinculadas al objetivo de brindar sostenibilidad a las finanzas públicas no son más que medidas que congelarán las pensiones, retrasarán la edad de jubilación, en algunos casos hasta los 69 años, y reducirán prestaciones en salud.

Por  otro lado, el DRY señala que la premisa de impulsar el empleo, consiste en reducir el costo laboral y aumentar la productividad, restando beneficios al trabajador y estableciendo salarios en función de resultados directos y no de la calidad del trabajo mismo. Asimismo, este instrumento normativo busca instaurar el modelo laboral de origen danés, conocido como “flexiguridad” que, como su nombre da a entender, pretende flexibilizar el mercado de trabajo, porque si bien este modelo fomenta la formación continua de los trabajadores y la protección de aquellos que estén desempleados, también facilita los despidos y promueve la precarización de los contratos laborales.

Ahora bien, el pacto del euro se presenta como una de las respuestas más sustantivas ante una crisis global que es resultado, entre otras cosas, de una serie de fenómenos como la reestructuración del mercado laboral, la transición demográfica, el incremento de  la migración laboral y la elevada demanda del trabajo frente una oferta que se reduce cada día más en cantidad y remuneración. No obstante, esta respuesta parece ser inadecuada porque considera al desarrollo social y a la protección de las fuerzas productivas como un freno del desarrollo económico y no como una condición del mismo, haciendo contradictoria la naturaleza del Pacto, puesto que mientras pretende implementar medidas de austeridad para palear los efectos de futuras crisis a través de la reducción de la inversión en gasto social, está generando una crisis social de mayor envergadura, dejando sin efecto los principios del Estado de Bienestar que han sido durante décadas motores no sólo del desarrollo económico y social de Europa sino el símbolo de una calidad de vida aceptable.

El Observatorio de la Violencia de Género critica los recortes en prevención

La crisis y los recortes están pasando factura a la visibilización de la violencia machista. Y las cosas, lejos de mejorar, podrían empeorar con los ajustes anunciados por el Gobierno en los presupuestos destinados a la prevención de las agresiones machistas. Así lo ha declarado esta mañana la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, Inmaculada Montalbán, que ha criticado los recortes que el Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad pretende hacer en las campañas publicitarias destinadas a la prevención de la violencia machista. Un hachazo del 70% en la partida para este tipo de programas que plantea acabar, por ejemplo, con los anuncios en televisión. Campañas, según el Ejecutivo, "muy caras" y "poco eficaces".

"Las fórmulas sensibilización y las campañas preventivas se han demostrado eficaces", ha dicho sin embargo Montalbán en la presentación del informe anual del observatorio. "Es fundamental mantenerlas, así como las ayudas económicas que permiten a las mujeres romper el vínculo con la violencia. Son partidas que hay que mantener en el máximo posible", ha dicho. "Tenemos muchos casos en los juzgados de mujeres que han ido a presentar una denuncia porque han visto un cartel del 016 (el teléfono confidencial y gratuito de ayuda e información a víctimas de malos tratos) o un anuncio en la televisión", ha afirmado.

Campañas y acciones destinadas a que las mujeres que están sufriendo la situaciones de violencia, o las personas de su entorno, denuncien. En el caso de este año, ha alertado Montalbán, ninguna de las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas había denunciado a su agresor. Algo "extremadamente preocupante", ha advertido la presidenta del observatorio.

Mientras, el número de denuncias por violencia de género se mantiene estable. En 2011 se registraron 134.002, una media de 367 al día. Un 0,1% menos que en 2010. El 71,48% las presentaron las propias víctimas, el 14,65% la policía, el 11,41% fueron impulsadas por partes de lesiones y el 1,31% las presentaron los organismos de servicios sociales. Solo el 1,15% de las denuncias llegaron desde la familia o el entorno de la víctima.

"Es preocupante que las familias no sean conscientes de que los malos tratos matan, y hay que hacer campañas para que todos seamos conscientes de esa realidad. No se puede dar un paso atrás en esta materia, en la que somos una referencia internacional", ha dicho Montalbán.

Se reduce, no obstante, la cifra de mujeres que renuncia a seguir adelante con el proceso judicial: 15.460, un 2,8% menos que en 2010.

EL AISLAMIENTO CARCELARIO: LA PRISION TIPO F, UTILIZADA EN CENTROS DE MENORES

Para llegar a esto, bastó sencillamente encerrarlos en celdas escasamente iluminadas, abandonarlos en estas condiciones por largos periodos, logrando mediante este método que los mismos prisioneros solicitaran tener contacto con quienes los habían sometido a interrogatorio. En esta situación de quiebre, los prisioneros terminan por afirmar todo lo que se les pregunta en el interrogatorio. La NASA, reconstruyendo las condiciones en que encontraron a los prisioneros de Corea, confirma que mediante el aislamiento total de un ser humano se puede conseguir su completa adhesión y su adaptación o destrucción, sin ninguna intervención de violencia física exterior.

Se trata de un local del tamaño de una celda donde los muros y el escaso mobiliario son blancos, perfectamente aislados del exterior; sin luz natural, sin sonidos que vengan a perturbar el silencio absoluto. La comida es pasada por un tapiz al prisionero, para que no pueda ver nada del exterior. Los resultados de tal experiencia enseñan que el prisionero más determinado a resistir sólo ha podido resistir dos días y una noche

Conviene ante todo destacar el aspecto puramente concreto de estas prisiones. El prisionero político es puesto en una celda individual de 2 metros por 3, a la que accede por una puerta acorazada. Los cuatro muros están pintados uniformemente de un blanco monótono a veces con la añadidura de una minúscula ventana, en lo alto.

Todo es hecho para que el prisionero no tenga que salir a los servicios higiénicos: una cama, una mesa y una silla constituyen la única presencia material. No a los libros, no a la música; nada. La comida es pasada a través de una trampa, como se hace para nutrir a una bestia. El conjunto es insonorizado y el mundo físico del prisionero es reducido a una distancia de tres metros, circundada de un silencio agobiador. A eso se suma el de un uniforme, de los registros a cuerpo desnudo, una censura aumentada, como también, la supresión o la limitación de las visitas de los padres y amigos, la imposibilidad de hablar a otros presos. Existe una analogía que permite asociar la cárcel a un cementerio y la celda a un sepulcro.

La crisis dispara un 22% la emigración española, en su mayoría jóvenes

La crisis ha hecho que el número de españoles que se deciden a buscarse la vida fuera de España haya aumentado un 21,9% desde el año 2008, según muestra el Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA). En su mayoría, se trata de jóvenes muy cualificados que han puesto sus ojos, fundamentalmente, en Alemania, Gran Bretaña e Iberoamérica.

El presidente en funciones del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), Francisco Ruiz, confirma a Ep que las asociaciones tradicionales de españoles en el exterior ya no sirven para esta nueva ‘hornada’ de emigrantes, y que "muchas asociaciones están desapareciendo" porque los jóvenes españoles que salen al exterior "no se sentirían representados" por estas entidades, aunque en su opinión, "tampoco es lo que buscan", ya que sólo recurren a las asociaciones en demanda de empleo o de información sobre cursos para aprender la lengua del país al que van a emigrar, pero no para afiliarse.

En cuanto a la nueva emigración en sí, Ruiz, que también preside el Consejo de Residentes Españoles de la demarcación consular de Ginebra, ha destacado el incremento de solicitudes de información recibidas en su área de españoles que quieren irse allí a trabajar. "De cada cien que tenemos, el 70% piden ayuda para encontrar un trabajo o informarse sobre cómo conseguirlo", ha señalado.

En Suiza, y con cifras del CERA, el número de españoles se ha incrementado un 6,8 por ciento desde 2008, pasando de 70.532 a 75.354 nacionales allí afincados. En Alemania, desde donde se han estado lanzando ofertas de trabajo en masa hacia España en los últimos dos años, el aumento ha sido del 5,9 por ciento, hasta las 88.248 personas. Eso teniendo en cuenta, como señala Ruiz, que ambos países presentan las dificultades añadidas del idioma. En Reino Unido, sin embargo, el CERA arroja un aumento de españoles superior: han pasado de 46.646 que constaban en 2008 a los 54.321 que se contaban en diciembre del año pasado, una subida del 16,4%.

Aumento en Iberoamérica

En otras demarcaciones consulares, como la de Ecuador, no se ha notado un incremento de las consultas, pero sí de la afluencia de españoles. Sin embargo, en este caso se trata fundamentalmente de ‘nacionalizados’ (ecuatorianos que residían en España con doble nacionalidad) que han regresado a su país de origen "por falta de trabajo en España".

En el caso de Ecuador, cuyos nacionales han sido de los colectivos más numerosos en España en tiempos de bonanza económica, y a quienes se les exigen dos años de residencia legal y continuada para obtener la nacionalidad, la cifra de españoles ha pasado de 2.884 en diciembre de 2008 a 7.236 en el mismo mes de 2011: un 150 por ciento más en plena crisis económica.

También Perú, Bolivia y Brasil están experimentando un fenómeno similar. En el primero, donde vivían 6.903 españoles en el año 2008, la comunidad está ya formada por más de 10.600, un 54% más, y, según fuentes de la Embajada en España consultadas por Europa Press, si bien hay muchos nacionalizados, son numerosos los españoles ingenieros o arquitectos que se están desplazando al país.

Mientras, los bolivianos han visto aumentar la comunidad de españoles desde 2.647 a 3.876 ciudadanos y, en Brasil, se han registrado casi 20.000 más: suman 87.128 tras un incremento del 25,5 por ciento en cuatro años.

REINSERCIÓN SOCIOLABORAL EN CENTROS PENITENCIARIOS.

CIC BATÁ hace suya a través de esta línea de trabajo la defensa de los derechos que les asisten a las personas reclusas y ex - reclusas, y por ello trabaja para mejorar

su desarrollo personal y facilitar su integración en la sociedad para cuando hayan cumplido la condena que les ha sido impuesta.

Dentro de estas acciones CIC BATÁ pone en marcha desde hace varios años el proyecto de Dinamización Deportiva en los Centros Penitenciarios de Andalucía.

Un programa que a través del fomento del deporte en los centros penitenciarios supone un instrumento para la integración social y para la mejora del bienestar

de la población reclusa de Andalucía. Este programa ha recibido entre otros el PREMIO ANDALUCIA DE LOS DEPORTES en 1.999 y el PREMIO DE LA

ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE PRENSA DEPORTIVA DE ANDALUCÍA.

Las acciones de formación, orientación e inserción laboral que CIC BATÁ desarrolla en diversos centros penitenciarios de Andalucía persiguen preparar a los

internos para el acceso a un puesto de trabajo, CIC BATÁ desarrolla esta labor partiendo de itinerarios personalizados y con medidas de acompañamiento a la inserción.

Los resultados de inserción laboral son altos y en el futuro queremos complementar esta iniciativa con otras de carácter social.

Actividades culturales.

Colaboración en el cumplimiento de medidas no privativas de la libertad, trabajos en beneficios de la comunidad, medidas de seguridad, etc.

Los jubilados deberán pagar el 10% del coste de las medicinas

Los pensionistas españoles, que actualmente no pagan nada por los medicamentos, deberán abonar un 10% de su valor, con un límite de entre 10 y 20 euros al mes, mientras que los trabajadores activos, que ya abonan el 40% de las recetas, verán elevada su aportación hasta el 50% o el 60%, en función de la renta. Esa es la propuesta que el Gobierno ha planteado a las comunidades autónomas y que hoy será debatida en el Consejo Interterritorial de Salud para que sea aprobada por el Consejo de Ministros del viernes, según han explicado en México fuentes del PP. “Se pasa de un sistema en el que se paga en función de la edad a otro en el que se pagará según la renta”, han subrayado las mismas fuentes.Y, en principio, se zanja así un debate entre el Ejecutivo y los populares, e incluso entre ministros del Gabinete de Rajoy, lleno de mensajes contradictorios y que evidenció la falta de coordinación política en este ámbito.

Se pasa de un sistema en el que se paga en función de la edad a otro en el que se pagará según la renta

La principal novedad es que se acaba con la gratuidad de las medicinas para los pensionistas. Salvo que finalmente se acepte alguna excepción, todos los pensionistas deberán abonar el 10% de sus medicamentos. Eso sí, quienes paguen más de 10 euros al mes durante tres meses seguidos tendrán derecho a que se les reembolse la diferencia. El límite se elevará a 20 euros para quienes perciban las pensiones más altas. Respecto a los trabajadores activos, estos pasarán de abonar el 40% del precio de los medicamentos a pagar el 50%. También en este caso, quienes disfruten de rentas más altas —en torno a 100.000 euros al año o más— tendrán que pagar el 60%, un 20% más que ahora. La aplicación de este sistema requerirá la generalización de la tarjeta electrónica, en cuyo microchip se incluirá la información tributaria.

Solo se tendrán en cuentan las rentas, pero no el patrimonio. Con estas medidas se espera ahorrar unos 3.700 millones de euros, de los 10.000 que el Gobierno quiere recortar en Sanidad y Educación. Aunque estudia muchas más medidas, hasta 50, de momento descarta el copago de servicios médicos —consultas, intervenciones, etc.— o los ligados a la hospitalización (catering, noche de hospital, etc). Habrá un régimen especial para los medicamentos de enfermos crónicos (como diabéticos) y se estudiará la posibilidad de eximir de estos pagos a los desempleados sin subsidio. “No es lógico que un parado con familia y sin ayudas pague el 40% y un jubilado con 1.500 euros de pensión no pague nada”, aducen las mismas fuentes.

Con estas medidas se espera ahorrar unos 3.700 millones de euros

Sin desvelar su contenido, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha referido en la noche del martes de forma velada a los citados recortes. En un encuentro con la colonia española de México en la residencia del embajador, ha defendido las reformas adoptadas por el Gobierno y ha mostrado su “voluntad decidida de tomar las decisiones que haya que tomar, incluso esta misma semana, decisiones que a nadie le gusta tomar, pero que son imprescindibles”. Por la mañana ya había anticipado que el Consejo de Ministros del viernes adoptaría medidas sobre Educación, Sanidad y Servicios Sociales.