Ante las crisis
económicas de España, Grecia, Irlanda y Portugal que iniciaron en el año 2010,
caracterizadas por las altas tasas de desempleo y los recortes en el gasto
social, los Estados miembros de la Unión Europea han optado por la
implementación del Pacto del Euro, un conjunto de políticas monetarias y
fiscales cuyo objetivo es evitar nuevas crisis que pongan en riesgo a los
Estados más débiles de la zona euro y a la Unión Europea en su conjunto, a
través del fortalecimiento de la economía comunitaria.
Sin embargo, y como
señalan varios movimientos sociales europeos como Democracia Real Ya (DRY) de
España, el Pacto privilegia la estabilidad financiera y el crecimiento
económico en detrimento de la cartera social.
Aprobado por los
líderes de los 17 países de la zona euro en el pasado mes de marzo del
corriente año, en la ciudad de Bruselas, el Pacto del Euro tiene como objetivos
impulsar la competitividad y el empleo, contribuir en mayor medida a la
sostenibilidad de las finanzas públicas y reforzar la estabilidad financiera,
la pregunta es ¿cómo?
Tanto el DRY como otros
grupos de la sociedad civil en los países afectados, han manifestado su
oposición al pacto, argumentando que las decisiones nacionales en materia
económica estarán sujetas a las de organismos como el Mecanismo Europeo de
Estabilidad (MEDE) el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Central
Europeo (BCE), entidades cuyas autoridades no son electas por sufragio de los
ciudadanos. También señalan que las medidas vinculadas al objetivo de brindar
sostenibilidad a las finanzas públicas no son más que medidas que congelarán
las pensiones, retrasarán la edad de jubilación, en algunos casos hasta los 69
años, y reducirán prestaciones en salud.
Por otro lado, el DRY señala que la premisa de
impulsar el empleo, consiste en reducir el costo laboral y aumentar la
productividad, restando beneficios al trabajador y estableciendo salarios en
función de resultados directos y no de la calidad del trabajo mismo. Asimismo,
este instrumento normativo busca instaurar el modelo laboral de origen danés,
conocido como “flexiguridad” que, como su nombre da a entender, pretende
flexibilizar el mercado de trabajo, porque si bien este modelo fomenta la
formación continua de los trabajadores y la protección de aquellos que estén
desempleados, también facilita los despidos y promueve la precarización de los
contratos laborales.
Ahora bien, el pacto
del euro se presenta como una de las respuestas más sustantivas ante una crisis
global que es resultado, entre otras cosas, de una serie de fenómenos como la
reestructuración del mercado laboral, la transición demográfica, el incremento
de la migración laboral y la elevada
demanda del trabajo frente una oferta que se reduce cada día más en cantidad y
remuneración. No obstante, esta respuesta parece ser inadecuada porque
considera al desarrollo social y a la protección de las fuerzas productivas
como un freno del desarrollo económico y no como una condición del mismo,
haciendo contradictoria la naturaleza del Pacto, puesto que mientras pretende
implementar medidas de austeridad para palear los efectos de futuras crisis a
través de la reducción de la inversión en gasto social, está generando una
crisis social de mayor envergadura, dejando sin efecto los principios del
Estado de Bienestar que han sido durante décadas motores no sólo del desarrollo
económico y social de Europa sino el símbolo de una calidad de vida aceptable.
